La pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez y de Sumar de conmemorar 1975 como “año de la libertad” es un absurdo que intenta distraer la atención de los verdaderos problemas que arrastra España, no desde hace medio siglo, sino desde hace seis años y medio, cuando el Partido Nacionalista Vasco propició una moción de censura que, con Pedro Sánchez, no ha traído a España nada más que crispación, inestabilidad y deterioro de las instituciones, amén de avivar el lamentable fenómeno de la corrupción. Pienso que, para un Gobierno responsable, 2025 debería ser el “Año Vivienda” o el “Año de la Inmigración Ordenada”, o el “Año sin Muertes por Violencia de Género” o el “Año con Salarios que permitan Vivir”, o el “Año con las Personas Dependientes Bien Atendidas” o el “Año en que garantizaremos más Médicos”, o el “Año de la Reindustrialización”, o el “Año en que los Ganaderos dejarán de ser el Buffet Libre de los Lobos”,
La razón principal por la que 1975 no sirve como referencia de libertad es que los españoles no fuimos realmente libres hasta las elecciones constituyentes de junio de 1977, que se celebraron por sufragio universal libre, directo y secreto, y con todas las opciones sobre la mesa, pues antes se había legalizado el Partido Comunista de España (en Semana Santa de 1977,). Esas votaciones fueron el principio de la libertad de los españoles que se puede conmemorar, como se conmemora siempre su consolidación y desarrollo, al año siguiente, en la Constitución de 1978. Ese 15 de junio de 1977 es nuestro momento de libertad, y en él Franco nada tuvo que ver. Fue el impulso del Rey y de su gobernante reformista (Adolfo Suárez), más el entendimiento y conciliación con los partidos políticos exteriores al régimen, lo que trajo las libertades a España. Libertades y derechos fundamentales que nos homologaron rápidamente, en año y medio, con las democracias más avanzadas del mundo. Hoy pertenecemos a la Unión Europea, a la OTAN y a numerosos organismos internacionales, en los que España es respetada como país democrático y dialogante. Ese ejemplo que hemos dado en la historia, y que fue emulado en otros procesos de transición en el mundo, no tiene que ver con 1975, sino con 1977 y 1978: capacidad para elecciones libres y capacidad para consensuar una Constitución democrática.
Pero es evidente que el capricho conmemorativo no tiene nada que ver con la historia, sino con un crudo presente de propaganda desaforada, con la que disimular la evidencia de una pésima gestión del país. Los Presupuestos del Estado se están prorrogando por segundo año consecutivo, ante la incapacidad del PSOE de articular mayorías para planificar la acción económica de España. España se dirige en 2025 con los presupuestos aprobados en 2022. Y seis años largos después del acceso de Sánchez a Moncloa, un asunto tan social como la vivienda se ha convertido en una de las cuestiones más graves para los españoles. El balance social de este gobierno es muy negativo: no se puede acceder económicamente a la vivienda; los salarios de muchos trabajadores no les alcanzan para un nivel de bienestar adecuado; la reindustrialización está atascada en un estado burocrático que ralentiza los “Pertes” y todas las tramitaciones; la inexistencia de una verdadera política de inmigración ordenada está ejerciendo un efecto llamada con terribles consecuencias y fomentando, por su carácter chapucero, sentimientos xenófobos, o sea, justo lo contrario de lo que es digno y se necesita; lo que se ha prometido a los nacionalistas catalanes por interés cortoplacista pone en riesgo la financiación de los servicios esenciales de todas las demás comunidades autónomas; después de seis años, la escasez de médicos y de otras profesiones sanitarias es un clamor y revela la desatención de la izquierda hacia uno de los pilares del estado del bienestar (situación que ahora se agrava con la desastrosa gestión del gobierno con Muface).
La lista puede ampliarse, desde luego. Y no solo con temas económicos y de bienestar, sino también con asuntos institucionales. El deterioro de instancias como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Banco de España, la Hacienda Pública y el propio entorno de la Presidencia del Gobierno es muy serio. España, en 2025 tenemos un gobernante que quiere controlar absolutamente todos los poderes, especialmente el judicial apelando al fantasma del enemigo ideológico. Para ello necesita hacer campañas publicitarias contra sus propias “conspiraciones judeomásonicas”, que en este caso parecen ser periodistas, jueces y partidos políticos que no le agradan, e incluso algunos socialistas que ya tampoco le gustan, como el Presidente de Castilla-La Mancha.
En cambio, nada tiene que decir sobre dictaduras vivientes, de ahora mismo, como la Venezuela de Maduro, a la que PSOE y Sumar respaldan sibilinamente a través del ex presidente Zapatero. Quizá 2025 sí tenga que ser un “Año de la Libertad” después de todo, pero de la libertad para los españoles de hoy. En unas elecciones generales que reflejen lo que opina la ciudadanía de estos seis años y medio de desgobierno. Como en 1977, hay que acudir al “habla, pueblo, habla”.
