Desde 2018, con la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, la vida de España ha venido siendo marcada por la decisión del PSOE de apoyarse en la izquierda radical y, aún peor, en partidos independentistas catalanes y vascos. Estos, con un pasado de respaldo a la violencia, que ha vuelto a resurgir con su negativa a condenar la reciente agresión por motivo ideológico a un dirigente alavés del Partido Popular. A pesar de todas las medidas de benevolencia con los presos de ETA (muchos de los cuales están ahora en el penal de El Dueso, como premio a los votos de Bildu a favor de Sánchez en el Congreso de los Diputados), es un mundo que no ha abandonado su objetivo último y traumático: separar a los vascos del resto de los españoles.
Pero es más grave aún el que se ponga el futuro de España en manos del independentismo catalán. Desde luego, resulta perfectamente legítimo que una persona propugne la independencia de Cataluña o de cualquier otro territorio. Lo que no es legítimo, sino que ha constituido un conjunto de hechos delictivos, es aprobar en el parlamento autonómico la independencia de Cataluña, despreciando la convivencia en aquella comunidad y entre todos los españoles, y vulnerando unilateralmente tanto la legalidad democrática como el pacto constitucional de 1978.
De los autores de aquella tropelía, calificada por el Tribunal Supremo como sedición y otras infracciones conexas, unos se quedaron para dar la cara, por entereza o por creer que podrían escapar con penas veniales, y otros huyeron cobardemente al extranjero, y estos no solo porque eran los más temerosos, sino quizá porque eran los más conscientes de la brutal quiebra constitucional y humana que habían intentado causar. Por tanto, tras las sentencias, unos están cumpliendo las penas y otros aún no juzgados se han librado por el momento. ¿Cuál es su respuesta ante la situación? Sin arrepentimiento ni disculpa ninguna, exigir amnistía para todos los delincuentes hallados o presuntos del “procés” y, además, reanudarlo con un referéndum de autodeterminación, cuestiones no pemitidas en nuestra legislación.
El Gobierno PSOE-Podemos anuncia indultos a corto plazo y negociación con los sediciosos este mismo año. Alega que los indultos crearán el clima necesario para una negociación que reconduzca la cuestión del independentismo catalán. Pero otros muchos pensamos que el objetivo real es seguir procurando a Pedro Sánchez la estancia en La Moncloa otros dos años con esos votos independentistas (las encuestas le son ahora mismo muy desfavorables y necesita tiempo), y que las presuntas conversaciones solo pueden tener dos salidas: o un fracaso total ante la persistencia del desafío nacionalista, o el intento del PSOE de alterar profundamente el estado autonómico y la Constitución de 1978, pero sin el consenso originario. Es decir, nunca ha tenido otra meta que sembrar por cálculos electoralistas una profunda discordia entre españoles.
La combinación de indultos y de modificación “a la carta” del delito de sedición podría llevar en pocos meses a la participación directa de Oriol Junqueras (¿e incluso de Carles Puigdemont?) en conversaciones de tú a tú con el Gobierno de España. Abaratar así penalmente la subversión no es probable que la erradique, sino todo lo contrario: es un estímulo para ese “lo volveremos a hacer”. Porque no se ha exigido para el indulto ni arrepentimiento ni compromiso de no reiteración de la conducta. Es una barbaridad jurídica, política y moral que España y los españoles no nos merecemos.
La posición del Partido Popular siempre ha sido clara. Los cambios constitucionales han de tener por lo menos tanto consenso como el de 1978, pues en caso contrario serían imposiciones de media España sobre la otra media, dinámica que en nuestra historia no ha llevado sino a fracasos colectivos. Cualquier ampliación de la autonomía de Cataluña es posible, siempre dentro del marco constitucional (el actual o uno reformado por consenso). Y mientras tanto, todos los asuntos de aplicaciones competenciales, de financiación, de inversiones, etcétera se pueden y deben tratar de solucionar mediante el diálogo, como con cualquier otra comunidad autónoma. Y en todo caso se debe respetar la legislación vigente y actuar con lealtad institucional.
El origen de la situación catalana es que el minoritario independentismo no acepta esto, sino que quiere imponer su ideología excluyente a toda costa, pues no concibe a Cataluña como España ni a España como fruto también de la acción de sus ciudadanos catalanes, sino como dos naciones diferentes, lo que históricamente es falso y políticamente un disparate. Pero la fuerza de la propaganda y la manipulación de los sentimientos es, cuando se controlan resortes del poder, muy fuerte. Los indultos de Sánchez no harán más que animar a los radicales a intentarlo de nuevo en el futuro y a seguir inyectando el veneno del secesionismo desde el ingente poder de la Generalitat. Los españoles no nos merecemos quedar para siempre en manos de minorías ebrias de sus propias fabulaciones, que quieren destruir nuestra comunidad histórica. Los socialistas deberían rectificar su deriva cuanto antes por el bien de todos los españoles.
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