El presidente Feijóo ha propuesto una verdadera política de estado para recibir en España a todos los inmigrantes que necesitamos e integrarlos en una sociedad más pujante, diversa y solidaria.
España es un país cuya historia resultaría inexplicable sin los fenómenos migratorios. Lo mismo puede decirse de Cantabria, cuyo corazón late hoy en otros continentes, especialmente América. Por ello, pocas naciones como la nuestra, que ha recibido inmigrantes y han enviado emigrantes, serán tan sensibles a esta realidad humana y a sus dimensiones no solo económicas, sino también personales, familiares, sociales y culturales.
Es un fenómeno tan importante, que resulta esencial gestionarlo de la manera más eficaz posible. Y sobre todo distinguir entre quienes vienen por motivos económicos y quienes lo hacen por causas políticas de sus países (a veces las dos razones van juntas, como en el caso de los venezolanos que huyen tanto de la dictadura izquierdista de Maduro como de su desastrosa gestión económica en uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales).
Es evidente que el actual Gobierno español no está gestionando bien los flujos migratorios que vienen a España desde, básicamente, América y África. La prueba es que ahora se considera, por el gobierno de Pedro Sánchez, necesaria una regularización masiva de personas que están fuera de la ley porque no han inmigrado según ella. Equivalen, según algunas estimaciones, de diversas organizaciones, a medio millón de personas, es decir, prácticamente como una Cantabria entera, o bastante más que todo Bilbao. Es la magnitud del desgobierno, el efecto llamada producido por la demagogia, y la impunidad de las mafias que convierten la imprudencia gubernamental en negocio, a menudo macabro porque termina con el fallecimiento en el mar de los emigrantes (2.000 muertos tan solo contando los cinco primeros meses de este año).
Si ahora se realiza una regularización masiva y no se establece un verdadero plan de ordenación de la inmigración, se habrá enviado el mensaje de que lo ilegal sale al final rentable por los hechos consumados, y el efecto llamado será aún más gigantesco. El hecho de que países que han sido ejemplo de generosidad en este aspecto, como Alemania, los nórdicos y el Reino Unido se hayan planteado ya importantes restricciones (con gobiernos de todo color político, que incluyen a los socialistas) nos indica que estamos en un momento en que hay que poner racionalidad.
El Plan Nacional presentado en Barcelona por el Partido Popular, por nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, pretende garantizar toda la gran influencia benefactora de la inmigración en nuestra nación y minimizar los inconvenientes que puedan surgir. Porque la dialéctica que sigue a la demagogia de la izquierda es la sobrerreacción de la derecha radical, no menos demagoga, en una espiral de puro egoísmo electoralista que jamás resuelve nada y que, por el camino, causa muchísimas víctimas e incluso ruptura de la convivencia. Contra las insidiosas y fantasmagóricas “alerta antifascista” y “alerta antiinmigrantes”, el Partido Popular se alza como la única opción cívica, inclusiva, ética y práctica. Si se ordena bien (nada lo impide, solo hay que ponerse a ello), la inmigración será una de las mejores cosas que le pueden pasar a España en el plano demográfico, económico y cultural en estas próximas décadas.
El Plan Nacional propuesto por el Partido Popular revaloriza la nacionalidad española como premio al compromiso de la persona extranjera con un modelo de convivencia en libertad y solidaridad entre los ciudadanos. Propone vincular la inmigración a contratos de trabajo; reforzar el control de fronteras; agilizar el castigo a las mafias y al fraude; establecer cuotas por países regidas por cumplimiento de condiciones; y privar de la residencia a quienes hayan demostrado que están aquí solo para causar daño.
El mensaje es muy sencillo: se puede venir a España a trabajar, a formar familia, a absorber los valores españoles de convivencia y libertad e igualdad, y en definitiva a convertirse en un español de pleno derecho, sin importar raza o credo de origen. Pero no se puede venir a España como sea, con identidades falsificadas o confusas, ni con la certeza de que uno recibirá ayudas a cambio de nada y finalmente será regularizado, e incluso permanecerá en el país aunque sea reincidente en delitos. Tampoco se debe venir aquí con la idea de que se podrán propagar valores contrarios a los de nuestra Constitución, por ejemplo discriminando a las mujeres o impidiendo la libertad de expresión o vulnerando el derecho a no declarar sobre las propias creencias.
En el Partido Popular estamos convencidos de que la mayoría de los inmigrantes que ya están, y de aquellos que querrían venir sin peligros y con garantías de españolización, estarán a favor de este Plan Nacional, que aporta tres elementos fundamentales: una humanidad que hoy no es más que sufrimiento realimentado por el desorden; una eficacia que hoy brilla por su ausencia en el control de quién entra en España, circula por ella y utiliza el dinero de los contribuyentes; y una enorme capacidad integradora de la sociedad española, dentro de unos valores que no pueden ser sino los democráticos. Una verdadera política de estado para una España pujante, diversa y solidaria. Solo el Partido Popular es capaz de llevarla a cabo, desde su credo humanista y pragmático.
