Las propuestas del Partido Popular de aligerar la presión fiscal sobre los hogares tanto en el ámbito nacional como en el cántabro demuestran que hay una alternativa pragmática, frente a un desmesurado afán recaudatorio de la izquierda y el regionalismo.

El presidente Alberto Núñez Feijóo acaba de presentar la propuesta del Partido Popular para apoyar a millones de hogares cuyo poder adquisitivo se está viendo muy comprometido por una subida de precios como no se ha conocido en 30 años. Esa subida no solo se debe a que aumente el precio de las cosas en sí mismas, sino a que en paralelo suben los impuestos que el Gobierno central (y en otros casos directa o indirectamente el autonómico) carga sobre ese precio.

Supongamos un bien que vale 100 euros y sobre el que el Gobierno carga un IVA del 21 por ciento. Ese bien le cuesta al comprador, por tanto, 121 euros. Pero si el coste inicial de esa mercancía ha subido a 130 euros, ahora el 21% de IVA no son 21 euros, sino 27,3 euros. Por tanto, el precio final que usted o yo deberíamos pagar es de 157,3 euros. Así, la factura no sube solo los 30 euros en que se había encarecido el producto original, sino que tras aplicar los impuestos la factura ha subido en realidad 36,3 euros. Y este efecto es todavía mayor en aquellos productos donde la parte de impuestos sobre el precio final es todavía mayor, como es el caso de los hidrocarburos.

Dicho de otra manera: una parte de lo que a usted le sube la cesta de compra es que el Gobierno le está cobrando más por los mismos bienes y servicios, en concepto de impuestos. Y solo por efecto del crecimiento de la inflación, el Estado está experimentando un enorme aumento de recaudación: como las mismas cosas han subido de precio, también se recaudan más impuestos, que suben con dicho precio.

Esto perjudica a toda la sociedad, pero sobre todo a las familias con más dificultades ante la cesta de la compra y los gastos cotidianos. Y lo que proponemos desde el PP es que, mientras el IPC siga tan disparado (se espera que pueda amainar a lo largo de 2023 y entonces ya no se necesitarían medidas extraordinarias), se reduzca la presión fiscal a los hogares con ingresos medios y bajos, y además se mejore el sistema de ayudas. No puede ser que el Estado esté llenando las arcas mientras los hogares más vulnerables ven vaciarse las suyas. El PSOE y Unidas Podemos, con su demagogia de los servicios públicos (que no están en peligro pues se recauda más que nunca), están perjudicando a quienes menos recursos tienen para defenderse y al español medio.

Por eso el presidente Feijóo propugna bajar impuestos al 80% de los contribuyentes españoles, y además retocar el IVA para bajar la factura de la electricidad y el gas. También establecer una ayuda de 300 euros para las rentas de 14.000 a 17.000 euros, que no tienen obligación de hacer la declaración de IRPF.

Hacer esto es perfectamente factible, no afectaría gran cosa a los ingresos públicos, pero, evidentemente, sería bueno para la economía nacional: mantener capacidad adquisitiva de los hogares españoles es positivo para todos los comercios en los que compran y para todos los servicios que utilizan. Detrás de todo ello, millones de autónomos y de asalariados. Es decir, hablamos del bienestar de España y de que el Estado actúe con pragmatismo ante un shock de precios provocado por la pandemia y por la guerra de Ucrania.

En Cantabria, nuestra presidenta María José Sáenz de Buruaga ha propuesto también rebajas fiscales a las familias, precisamente con el mismo objetivo. Que el Gobierno autonómico lo rechace alegando necesidad de financiación de servicios públicos es una falacia. En 2020 el Gobierno del señor Revilla y el PSOE tuvo un superávit de 70 millones; en 2021, el superávit fue de casi 130 millones; y para este año AIReF estima que podría elevarse a otro superávit, tercero consecutivo, de en torno a 100 millones. Es una administración que está ingresando muchísimo más de lo que es capaz de gastar. Luego no hay nada en peligro, salvo el bienestar de los cántabros por la mala gestión de la coalición gobernante.

Ello, por no hablar del despilfarro. Pues tanto en España como en Cantabria tenemos los gobiernos con más altos cargos, asesores y asimilados de toda la historia nacional y regional. Para eso es para lo que se mantiene un nivel de impuestos excesivo, injusto y que no tiene sentido económico. Hay que tener claro que reducir el poder adquisitivo de las familias y las pymes vía impuestos inmoderados supondrá la pérdida de ventas de muchos sectores, y por tanto cierres de negocios y destrucción de puestos de trabajo. La izquierda parece que prefiere tener parados cobrando el subsidio a tener trabajadores cobrando un sueldo digno. Yo no lo entiendo ni lo entenderé nunca.

La subida vertiginosa de los precios es posiblemente extraordinaria y remitirá el año que viene (lo cual tampoco es totalmente seguro), pero el Estado debe hacerle frente con sentido solidario. Y un Estado que no ha sido capaz de implementar bien el Ingreso Mínimo Vital ni los fondos europeos de recuperación no puede seguir reclamando del bolsillo del contribuyente más y más euros para dejarlos parados en la nada burocrática, o para despilfarrarlos en estructuras políticas innecesarias. Ese dinero debe quedarse en los hogares y circular por los servicios de proximidad. Que son muy importantes: ayuda a personas dependientes, las consultas particulares profesionales muy habituales en nuestro país, peluquerías, transportes, educación y cultura, ocio y deporte, todo el comercio minorista, reparaciones y mantenimiento, consultorías, servicios veterinarios… Todo ese circuito de riqueza y empleo depende de que la mayoría de las familias no vean drásticamente reducida su capacidad de compra. Quizá no se pueda evitar la subida en origen de algunos productos; pero sí se puede evitar que el Estado se aproveche de ello para convertir lo grave en gravísimo.

Cada vez se percibe con más nitidez que es imprescindible que haya Gobiernos del PP para poner orden con pragmatismo, devolviendo al país al buen sentido económico. Estoy persuadido de que dicho momento, en España y en Cantabria, está ya próximo.

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