El covid-19 primero y la agresión rusa después han puesto de relieve a un mismo tiempo el carácter estratégico y la fragilidad de la industria para Europa y su estilo de vida. España se ha visto particularmente afectada porque ya desde antes, desde 2018, el sector industrial estaba siendo castigado por los gobiernos de Pedro Sánchez, primero en solitario y después en coalición con la izquierda extrema.
Es preciso recordar que los ministerios de Transición Ecológica y de Industria afectaron gravísimamente a la industria de automoción (una parte fundamental del sector de manufactura en Cantabria, pero también de la comercialización a través de la red de concesionarios), con aquella absurda guerra contra el diésel; que empezaron a hundir a la industria electrointensiva al cancelar el servicio de interrumpibilidad y dejarla a merced de unos costes disparatados, muy superiores a los de Francia o Alemania; y que precipitaron la muerte de una industria tan emblemática durante ochenta años como Sniace en Torrelavega.
Por otro lado, poco se ha hecho para una industria de futuro. La Pasiega es algo que sigue sin existir 16 años después de que el señor Revilla la declarase “prioritaria” a bombo y platillo. No se ha dotado a la comarca del Besaya ningún nuevo suelo industrial (se abandonó la idea de ampliar suelo industrial en el valle de Buelna, y el PSIR de Las Excavadas se arrastra a lo largo de los años y las vidas sin llegar a saltar de los cajones a la realidad). Ninguno de los clústeres existentes está realmente aprovechado con políticas de región y de crecimiento. En el campo energético, terminan otros ocho años de coalición gobernante sin más parques eólicos que el aprobado en el siglo XX. La fecha de inicio de la transformación de la central hidroeléctrica de Aguayo sigue siendo una equis, como desde hace veinte años. Y, por supuesto, todas las promesas sobre minas de zinc, fábricas de baterías, centrales de ciclo combinado y demás anuncios, han quedado en el archivo de las fantasías políticas.
Para Europa, para España y desde luego para Cantabria, la industria es estratégica. No solo produce prosperidad, sino además libertad, como hemos comprobado hace dos años cuando no había mascarillas ni equipos de protección individual, o se vendían a precios prohibitivos. Lo estamos comprobando ahora que otros países amenazan nuestros sistemas productivos para ejercer sobre nosotros un crudo poder, que significa además un empobrecimiento de hogares y familias por los elevados precios.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, viene impulsando una agenda de apoyo a la industria en estos momentos tan difíciles, y ello con una doble misión: por un lado ayudarla a transitar estos meses tan complicados sin que su viabilidad se vea comprometida, y por otro lado sembrar futuro con garantías de marco jurídico y fiscal y con apuesta por la innovación tecnológica y energética. El PSOE y Unidas Podemos siempre tienen como primera respuesta el “no” a lo que propone del PP, aunque a menudo acaban adoptando, tardíamente, medidas exactamente iguales. El partidismo y el ideologismo del Gobierno de España se colocan por encima de los intereses de la industria española, como ha ocurrido con el lobo y el sector de la ganadería.
El canciller socialdemócrata Scholz ha tenido el coraje de decidir que tres centrales nucleares de Alemania que debían cerrar ahora sigan funcionando al menos hasta abril. Y ello, a pesar de estar en coalición con el partido ecologista. En Francia existe un compromiso claro con su industria desde la función de Eléctricité de France (EDF) para garantizar un camino de apoyo a los costes industriales, sin por ello ceder en la lucha contra el cambio climático. Es decir, otros países europeos demuestran capacidad para un pragmatismo a corto plazo mientras se buscan las soluciones estratégicas para hacer más fuerte a Europa y asegurar su nivel de vida y libertad.
Para Cantabria resulta absolutamente esencial este pragmatismo como el que propone el PP a favor de la industria. En nuestra región, el sector representa cerca de un 20% del PIB directo, que es más si consideramos los muchos servicios que toda factoría arrastra tras de sí (transporte y logística, seguridad y mantenimiento, limpieza, consultorías, seguridad e higiene, informática y comunicaciones, publicidad y patrocinios…).
Pero Cantabria, desde su situación autonómica, no está siendo lo bastante intensa y dinámica en la presión al Gobierno de Pedro Sánchez para que se ponga en marcha una política industrial pragmática, como la que defiende Núñez Feijóo. Muchos empresarios y trabajadores de nuestra tierra se están percatando ya de que el partido verdaderamente industrialista es el PP, y que nuestra agenda es lo mejor para sus resultados, sus empleos y su viabilidad. Que para una Cantabria industrial se necesita un cambio de rumbo autonómico y nacional. Y que lo que hay que hacer no es ningún misterio: lo único que hace falta es compromiso y eficacia.
Un país sin una buena base industrial es un país con un futuro mucho más complicado, imitado en su estado de bienestar en comparación con aquellos verdaderos países industrializados . Esta debe ser la meta en España y por supuesto en Cantabria: fortalecer la industria existente e impulsar nuevos proyectos industriales, y para ello es necesario un recambio en los Gobiernos de España y Cantabria que están demostrando día a día su fracaso en la política industrial. Ese recambio solo es posible a través del Partido Popular en las próximas citas electorales de 2.023.
