No cabe duda que uno de los colectivos más perjudicados por la reciente pandemia han sido los autónomos, un colectivo que, por otro lado, suponen una parte importante de la economía de nuestro país.
Así lo percibió el Gobierno y por ello se impulsaron ayudas destinadas al cese de actividad de aquellos autónomos que hubieran experimentado una reducción significativa en su facturación. Tarde, pero llegaron.
Pues bien, parece ser que esta situación de “pandemia” ha mejorado sustancialmente, puesto que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha propuesto la eliminación desde octubre de la ayuda por cese de actividad a aquellos autónomos que hayan experimentado una reducción significativa en su facturación.
No obstante, se tiene que poner de manifiesto, que de acuerdo con el criterio unánime de las asociaciones de autónomos y con datos objetivos que son de dominio público, en el momento actual aún persisten múltiples sectores de autónomos (agencias de viajes, los guías turísticos, las actividades culturales…) que continúan experimentando las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria.
Por este motivo, a finales del mes de septiembre plantee en el Senado una pregunta a este respecto, ya que tal iniciativa afectará a cerca de 226.000 autónomos, que son los que perciben la mencionada ayuda por cese y que la iniciativa propuesta por el Gobierno dejaría sin prestación al 80% de ellos.
Y es que todavía hay más. Parece que no es suficiente con esta medida para ahogar a los autónomos, ya que los Presupuestos Generales del Estado recogen una subida de sus cuotas de entre 96 y 225 euros. Se confirma lo que ya sabíamos desde el Partido Popular: la izquierda castiga a clase media y a emprendedores. Una vez más.
