Las ridículas ayudas por costes indirectos de CO2 suponen una cuarta parte de lo prometido por el PSOE y dejan inermes a las empresas frente a sus competidores extranjeros.
Resulta extraordinariamente preocupante, por no decir algo más severo, que la Delegada del Gobierno en Cantabria presuma de las ayudas oficiales concedidas a ciertas grandes empresas regionales como compensación por los costes indirectos de las emisiones de CO2. ¿De qué hay que presumir, si esas cantidades son solo una cuarta parte de las prometidas, y las prometidas ya eran nimias en comparación con el anterior pago del servicio de interrumpibilidad, que el Gobierno Sánchez-Iglesias ha eliminado?
Pero no sé si me choca aún más que los grandes sindicatos de la industria hayan mirado estas declaraciones como las vacas al tren. Pues lo que supone este continuo encarecimiento de costes reales en la gran industria cántabra es su pérdida de competitividad ante sus rivales europeos con energía más barata (Italia y sus ayudas a los “energívoros”, Francia y su parque nuclear, Alemania y sus apoyos contundentes a la industria). Esto significa un riesgo alarmante de deslocalización de actividad productiva y de cierres como el que ya estamos viendo de Alcoa en Galicia, con más de 500 despidos.
Por tanto, si de algo quiere presumir la Delegación del Gobierno, será de destruir los pilares económicos de industrias cántabras de gran trayectoria, trascendencia y puestos de trabajo. Quitaron el salvavidas de la interrumpibilidad. Prometieron una pequeña compensación de 240 millones de euros. Pero al final se ha quedado en 60 millones. Miles de empleos directos e indirectos están ahora mismo en peligro en Cantabria por esta causa. Otro maltrato oficial más, por ejemplo con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, y veremos desmantelarse una gran parte del tejido productivo que genera el 20% del PIB de nuestra comunidad. Cantabria se puede desindustrializar y convertirse en un territorio puramente residencial.
Durante muchos años he estado gestionando la adquisición de derechos de emisión de CO2 para una gran compañía. Conozco esta materia por experiencia profesional directa, no por ideologías de falso progresismo que ponen en peligro el pan de los obreros y el bienestar de comarcas enteras. Nuestras empresas no podrán soportar la pérdida de los antídotos oficiales al hecho ominoso de los altos costes eléctricos, y energéticos en general, de España. No se pueden sostener diferencias enormes de esos costes eternamente, porque al final no es rentable producir en España, y las fabricaciones se marcharán a otros países.
El Gobierno central ha sido demagogo e imprudente. En vez de preparar un nuevo sistema de ayudas para sustituir al anterior, se cargó este mientras que el nuevo aún sigue en estado de borrador y con no muy buenas perspectivas. En el ínterin, una bofetada tras otra como esta de las compensaciones de CO2. No se puede alardear de dar a una empresa 1 millón de euros en compensaciones si lo prometido era darle 4 millones (y en realidad se le tendrían que haber dado mucho más por el sistema anterior de interrumpibilidad, es decir, por la obligación de parar la producción cuando el sistema eléctrico nacional lo necesitara).
Las empresas de Cantabria recibieron 3,4 millones cuando deberían haber conseguido casi 14 millones como paliativo por la pérdida del ingreso por interrumpibilidad. Lo sucedido es un durísimo golpe y, como el estatuto de electrointensivos se cierre en falso (aún no se ha respondido a las propuestas conjuntas de las comunidades de Galicia, Asturias y Cantabria al inasumible borrador del Gobierno Sánchez), las industrias no lo resistirán.
Siente uno envidia de que en París, Berlín o Roma exista un claro compromiso con su industria y pena de que en España haya aprendices de brujo jugando a salvar el planeta hundiendo sectores enteros y arruinando a las familias y a los municipios. O entra un poco de sentido de la responsabilidad en la esfera de gobierno y sus afines sindicales, o el drama será inevitable.
Cuando vienen a nosotros representantes angustiados de trabajadores de empresas en cierre (a los que, por descontado, atendemos con toda nuestra simpatía y máxima voluntad de ayudar), siempre piensa uno en todo lo que se podía haber hecho antes de llegar a ese punto trágico: qué decisiones anteriores, tomadas a tiempo, podrían haber garantizado la supervivencia del centro productivo, su viabilidad y la tranquilidad de las vidas laborales de sus empleados. Y es que hay límites de deterioro empresarial que, una vez traspasados, no tienen ya remedio y provocan la liquidación del negocio o su brusca reducción. Esto puede ocurrir con la industria cántabra especialmente impactada por la política de energía y medio ambiente, o por mejor decir, por la ausencia de una verdadera y sensata política de energía y medio ambiente en nuestro país. Los trabajadores y sus representantes tienen que estar muy atentos, porque ya el tiempo corre en contra de las empresas, en una transición anárquica y perjudicial que no puede acabar bien si sigue por este camino.
He presentado en el Senado una pregunta al Gobierno sobre estas cuestiones. Me consta que, en otros grupos políticos, e incluso en escaños de socialistas de la Cornisa Cantábrica, se comparte plenamente esta grave preocupación industrial, pero el caso es que Pedro Sánchez y su equipo no dan la cara, no adoptan las medidas de viabilidad para estos sectores y van generando algo que hoy resulta en incertidumbre y mañana lo hará en catástrofe. No soy yo un amante de las teorías pesimistas, pero, cuando uno ve a un vehículo precipitarse hacia el borde un abismo, la conclusión es que el desenlace será el peor si nadie hace nada. Que es donde estamos ahora.
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