Hace días los diputados hemos asistido en el Congreso a una iniciativa surrealista: el Gobierno que lleva seis años dirigiendo España considera que, como resultado de ello, ahora es urgente e imprescindible lo que denomina “regeneración democrática”. La conclusión se impone por sí sola: si la regeneración se necesita verdaderamente, será entonces porque desde 2018 lo que estamos viviendo es una degeneración de la democracia.
Y es que en el mismo día en que el Gobierno defendía su “regeneración” (etiqueta falsa con la que en realidad quiere decir “silenciar a quienes nos critican”), la Universidad Complutense de Madrid demandaba públicas explicaciones a la esposa del Presidente por las irregularidades de su máster universitario. Asimismo, su ex brazo derecho y ex ministro de Fomento, señor Ábalos, preguntaba si el Gobierno de PSOE y Sumar está espiando sus comunicaciones. Por otro lado, ni siquiera se había secado la tinta de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que los magistrados designados por los socialistas “amnistiaban” a los políticos socialistas andaluces condenados por el desfalco de más de 600 millones de euros de fondos públicos.
En los últimos meses, el Presidente del Gobierno ha sido multado en varias ocasiones por la Junta Electoral Central a causa de su uso partidista de eventos institucionales, entre ellos un Consejo Europeo. Lo mismo ha ocurrido con ministros de su gabinete, y también con el director del Centro de Investigaciones Sociológicas, Tezanos, por realizar una encuesta en periodo electoral . Hablar de regeneración democrática cuando se empieza por vulnerar repetidamente la propia normativa de elecciones resta de antemano toda credibilidad al presunto “regenerador”.
El Fiscal General del Estado ha reconocido que dio orden de exponer públicamente la situación hacendística de un ciudadano, y con ello ha avalado el uso partidista de los datos de los contribuyentes. El mismo que además, ha sido reprobado por el propio Tribunal Supremo por el nombramiento de la persona que a su vez lo nombró a él, ministra de Sánchez. Y no se pone ni colorado, porque se ha llegado ya a un nivel de descaro que hubiese parecido imposible solo hace unos años.
La degeneración de la democracia en estos seis años de socialismo radical ha sido constante y procedente siempre de los mismos. ¿No es degeneración prometer en julio de 2023 a los votantes, en la campaña electoral, que la amnistía a los golpistas catalanes no es posible por inconstitucional, y un mes después decir que es plenamente constitucional y que se tiene que aprobar? Por la trascendencia de los hechos y por la implicación de los valores constitucionales, no es este un embuste menor o ligero. Por el contrario, es la mentira más descarada que cualquier partido haya contado a los electores españoles desde 1977. Y con esa mentira se ha hecho que la gobernabilidad de España y su cohesión territorial dependan de aquellos cuyo propósito, reiterado hasta la saciedad, es desmontar España y dividirla en varios países soberanos. ¿No es “degeneración” que los impuestos de los españoles hayan financiado un golpe contra su Constitución? ¿No es “degeneración” perdonar la responsabilidad económica de quienes eso hicieron con nuestros impuestos?
La “regeneración” del Gobierno se demuestra cruda en su empeño en nombrar gobernador del Banco de España, puesto eminentemente técnico, a un ministro de Sánchez, para que una de las pocas instancias independientes de nuestro entramado institucional acabe siendo también de obediencia política al PSOE. ¿No son “degeneración” estos clarísimos designios de colonización partidaria de las altas instituciones de una democracia? Si no lo ha logrado, de momento, con el Consejo General del Poder Judicial, es por la firmeza de Alberto Núñez Feijóo, que ha abierto el espacio para un cambio de modelo que garantice profesionalidad e independencia en un poder que, por definición, hace de control a los dos otros dos.
¿No es “degeneración” que el presidente del Gobierno lleve un año sin convocar a los presidentes autonómicos, sin escucharlos, y atendiendo solo a políticos de dos de las 19 comunidades o ciudades autónomas? ¿No es “degeneración” saltarse el diálogo social para imponer a las empresas españolas, con especial impacto en las pymes, nuevas condiciones que alteran sus dimensiones de viabilidad? ¿No es “degeneración” proteger a los “okupas” frente a pequeños propietarios cuyas vidas se han vuelto un calvario económico y psicológico? ¿No es “degeneración” poner al frente de RTVE, el gran medio de comunicación público, sufragado por todos los españoles y que a todos ellos se debe con imparcialidad, a una persona que hasta la víspera alardeaba de su carnet del PSOE? ¿No es “degeneración” lo que ha obligado al Gobierno a destituir a la Directora del Instituto de las Mujeres por la adjudicación sospechosa de 64 contratos públicos de ayuntamientos del PSOE?
Efectivamente, España va necesitando un plan de regeneración democrática tras seis años de asalto “hooligan” desde Moncloa a todas las instituciones, pero el único que puede llevarlo a cabo es el presidente Feijóo. Un político que no busca la censura de prensa, ni levantar muros entre los ciudadanos, ni el poder a toda costa sin sentido del Estado. La diferencia entre Sánchez y Feijóo se aprecia en su reacción totalmente opuesta ante la presión de los extremos: Sánchez cede siempre y asume el radicalismo en el gobierno, vendiendo hoy lo contrario de lo que defendía ayer; Feijóo, en cambio, resiste y mantiene el rumbo.
