Millones de familias en nuestro país se ven afectadas por la problemática que conlleva la pobreza energética y que se ha visto acrecentada con la crisis sanitaria.
Desde el Grupo Parlamentario Popular, reclamamos mucho más apoyo para las familias del que les está brindando el actual Gobierno ya que las iniciativas recogidas en el Real Decreto-Ley 11/2020 garantizan la continuidad de suministro energético y de agua durante el Estado de Alarma.
Sin embargo, se plantean muchas dudas e incertidumbres ya que no están definidas qué entidades asumirán la cuantía del coste de los recibos de estos suministros básicos y, por supuesto, la cuestión de que ¿qué pasará después del Estado de Alarma? La situación ya venía siendo crítica para muchas familias y con esta crisis se está viendo agravada considerablemente.
Esta es la razón de que propongamos la aprobación de la Comisión de Derechos Sociales la siguiente moción:
- Establecer una nueva definición legal global del concepto de vulnerabilidad social, que no esté fundamentada únicamente, como en el momento actual, sobre el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), sino que también se tenga en cuenta el porcentaje del salario neto que supone el gasto energético en las familias.
- Determinar qué entidades asumirán el coste de la cuantía de los recibos pendientes de pago, y en su caso, hasta qué cuantías.
- Establecer una hoja de ruta paulatina y progresiva destinada a reducir la carga impositiva del recibo eléctrico en aras de lograr una disminución de la brecha entre precio de la electricidad en nuestro país y el conjunto de la Unión Europea.
He elaborado esta moción que cuenta con el apoyo de los Senadores y compañeros del Grupo Parlamentario Popular D. Bienvenido de Arriba Sánchez, Dña. María Pilar Martínez Peñarrubia, Dña. María Pilar Alía Aguado, Dña. Ana Isabel Alós López, Dña. Verónica María Casal Míguez, Dña. María Adelaida Pedrosa Roldán, D. Carlos Yécora Roca, D. Luis Alberto Plaza Martín y Dña. Patricia Rodríguez Calleja.
