La industria de automoción supone el 26% del producto industrial de Cantabria, que a su vez representa un 20% de la economía de nuestra región. Es decir, estamos ante un conjunto de empresas de enorme trascendencia para el progreso y el nivel de vida de la población cántabra. Son nombres como Bridgestone, Evobús, SEG Automotive, Talleres Orán, Nissan, Ecrimesa, Edscha, Chassis Brakes International Spain, Maflow, o Componentes y Conjuntos (Grupo CROPU). Son grandes exportadoras y sostienen numerosos empleos de calidad, tanto directo como indirectos a través de sus actividades comercializadoras y de sus proveedores de materiales o servicios de todo tipo. Son, además, tractoras de crecimiento en sus respectivas comarcas: la Bahía, el bajo Asón, Castro-Urdiales, el Besaya.

Todo este tejido industrial venía resintiéndose, ya antes del Covid-19, de las incertidumbres generadas en el sector del automóvil por la errática postura del Gobierno Sánchez y especialmente de su actual vicepresidenta para la llamada transición ecológica, Teresa Ribera. Se demonizó el motor diésel (con el absurdo de que pasaron a venderse más motores de gasolina, que contaminaban más), se causó un temor en los consumidores ante los combustibles fósiles y no se aclaró que ni por costes ni por infraestructuras está preparada España para pasar de la noche a la mañana a los vehículos eléctricos, y ni siquiera a los híbridos. Todo esto, más un enfriamiento de los mercados europeos y las inquietudes del Brexit, ralentizó la actividad en las grandes plantas de ensamblaje de vehículos y, lógicamente, en las fábricas que producen componentes para automoción.

Ahora la pandemia de coronavirus amenaza con causar un enorme daño al sector de automóvil español, puntal de exportación y crecimiento industrial, y por tanto a los productores cántabros. El confinamiento de la población tanto en España como en otros países de nuestro entorno ha hundido las ventas finales (otro sector afectadísimo desde el año pasado, pero aún más ahora, es el de los concesionarios de coches, que en Cantabria también aportan mucho empleo y riqueza, además de servicios de calidad). Pero es que el daño económico de la crisis sanitaria, con aumento de desempleo y reducción de poder de compra, puede pasar una factura muy gravosa a todo este sector. Si, además, se impone el paradigma de la “salida verde” a la crisis, se reabrirán todos los problemas que el quiero-y-no-puedo de motorización eléctrica venían causando.

Desde esta gran preocupación, una de mis primeras acciones en el Senado tras recibir el alta médica ha sido preguntar el Gobierno cuáles son sus planes para reactivar el sector de automoción y, con ello, la industria de componentes y auxiliar, que para Cantabria tanto significa. Aunque se habla mucho de “reconstrucción” de la economía española, los ministerios que tendrían estar llevando el liderazgo en este asunto andan virtualmente desaparecidos. Las patronales ya solicitaron a principios de abril un Plan de Choque integral para reanimar el sector y que vuelva a surgir con pujanza, por supuesto sin desatender los horizontes ecológicos y la innovación tecnológica.

En resumen, un sector clave de Cantabria, del que dependen miles de hogares, está pendiente de decisiones que no se acaban de proponer desde el Gobierno de España y que atañen no solo a política industrial, sino a la posibilidad misma de minimizar el daño de la crisis sanitaria en los empleos y los ingresos. España necesita liderazgo industrial más que nunca. Desde nuestra labor en el Senado insistiremos para que esta necesidad se tenga presente. Cantabria se juega muchísimo en ello.