España y Cantabria tienen mucho de lo que preocuparse en relación con la política económica del gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Hay dudas crecientes sobre el ritmo y el destino de los fondos europeos extraordinarios para el relanzamiento de nuestro país; unos fondos que hasta ahora no han generado absolutamente nada y que son tramitados con un secretismo impropio de un país democrático. Hay, además, un claro riesgo del que ya algunos expertos empiezan a advertir: que la fuerte subida de impuestos que prepara Pedro Sánchez para 2022 corte en seco la recuperación, al restar capacidad adquisitiva e inversora a familias y empresas. Esta combinación de mala gestión de los recursos europeos y los fiscales puede convertir la recuperación de España en una historia muy frustrante.
La profunda crisis de gobierno se ha manifestado en dos tiempos. El primero, la huida del líder de Podemos, Pablo Iglesias. De vicepresidente del Gobierno y máximo adalid de la izquierda radical española, pasó en pocas semanas a ser un ex político, o esa imagen quiere dar. Y ahora, cesa otra vicepresidenta, varios ministros significados y hasta el número tres de PSOE, el señor Ábalos. Todo esto solo puede interpretarse como la conciencia de una grave crisis del proyecto político que nació de las elecciones de noviembre de 2019: una coalición de una izquierda demagógica, sin programa práctico, y que para sobrevivir necesita hacer concesiones a los que quieren trocear España.
Ese modelo no desaparece ahora con el cambio de algunas figuras, por importantes que sean. Lo trascendente son las políticas que se llevan a cabo. Entre ellas, las económicas son fundamentales. Nuestro presidente Pablo Casado acaba de proponer en El Escorial una serie de medidas de reactivación bien distintas de esta mezcla de maná europeo y asalto a los contribuyentes. El PP defiende rebajar una serie de impuestos para estimular el consumo y la inversión (lo que logrará que se recaude a medio plazo mucho más, y no menos); reducir el exceso de burocracia que dificulta las inversiones y las actividades empresariales, haciendo el país más ágil y competitivo; flexibilidad laboral para adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos; formación para responder a las demandas del mercado; y seguridad jurídica para consumidores e inversores, acabando con las continuas sorpresas en materia de regulación.
Como senador por Cantabria me preocupa el efecto de todo esto en nuestra tierra. Porque la subida de impuestos nos afectará con toda seguridad, y el de Sucesiones perjudicará especialmente a la inmensa mayoría de las familias cántabras, que hoy están libres de él cuando la herencia es dentro del matrimonio o de padres a hijos. El impacto del alza de impuestos reducirá la renta disponible e incluso el patrimonio de nuestros ciudadanos. Y el efecto negativo sobre la economía sería indudable e inmediato, ya que los hogares ajustarían preventivamente a estos hachazos sus planes de gasto y ahorro.
Y lo que también tengo claro es que la presunta financiación con los fondos extraordinarios de la UE podría ser muy inferior a la que necesitamos. Doy por hecho que los partidos gobernantes tratarán de hacer mucho ruido con algunos proyectos individuales, para tratar de disimular la realidad de un apoyo insuficiente desde este mecanismo de transformación. Sin embargo, no se puede confundir propaganda y realidad: la economía y el empleo en Cantabria solo abrirán una etapa de auténtica recuperación si el dinero de Europa se utiliza en las cantidades convenientes y con objetivos eficaces. Dado el oscurantismo con que el Gobierno tramita estos proyectos, sería precipitado arriesgar una valoración. Pero ya el oscurantismo, por sí mismo, es una mala señal: indica que habrá favoritismos y todos sabemos que con el PRC entregado a los socialistas (como se ha evidenciado en el reciente debate del estado de la región) en Moncloa no hay ningún temor a orillar a Cantabria, pues saben que no habrá más consecuencias que quejas verbales de uno o dos días, sin trascendencia política ninguna.
A este respecto, nuestro presidente propuso, y PSOE y Podemos lo rechazaron, crear una agencia independiente para valorar los proyectos que aspiran a financiación europea, de modo que se alejase la tentación del partidismo y el caciquismo en la canalización de este dinero, y que se garantizase su empleo para el cumplimiento de las metas de la recuperación, que no consisten en volver a 2019, sino en dar un salto adelante en la transformación productiva de nuestro país.
En suma, nosotros creemos que se debería abordar la recuperación de España con otro estilo, mucho más profesional, pragmático y objetivo. Estamos en contra de una tómbola de favores con fondos de Bruselas, y también en contra de un ataque fiscal a los hogares y las empresas, que tanto han sufrido en general desde hace año y medio. Es posible gestionar la salida de la crisis mucho mejor, atendiendo a las realidades de cada día y no a principios ideológicos que naufragan en cuanto hay que traducirlos a la vida cotidiana e imprimirlos en los boletines oficiales. En los próximos dos años podríamos irnos quitando la mascarilla del covid, pero ahogarnos con una mascarilla presupuestaria y una mascarilla fiscal que no dejasen respirar a la economía española.
Cantabria, donde los incumplimientos del Gobierno Sánchez son clamorosos (apenas hay unas obras que proceden, todas ellas, de la época ministerial de Íñigo de la Serna en un gobierno del PP), es una candidata clara a resultar víctima de todas esas estrategias políticas que solo buscan tener poder sobre España, pero luego no saben qué hacer con España.
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