El público compromiso de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz el próximo día 31 de octubre con la Constitución Española es una ceremonia que simboliza la democracia y la convivencia, al tiempo que la continuidad histórica de nuestra nación con la Corona como máxima expresión institucional de muchos siglos de esfuerzos compartidos. Es un día clave porque supondrá ya la tercera generación de la Familia Real que se compromete con un sistema de plenas libertades, democrático y homologable a los países más avanzados en derechos humanos. (Habrá quien diga que es la cuarta generación, en la medida en que el Conde de Barcelona, Don Juan, abuelo de nuestro actual Rey y bisabuelo de la Princesa, favoreció el proceso de transición democrática al entender que era su hijo quien finalmente había de realizarlo).
Es muy importante que el juramento de la princesa o príncipe de Asturias se formule ante las Cortes, solemnemente, porque eso significa que se realiza, por delegación, ante el conjunto de todos los ciudadanos españoles: de las diferentes circunscripciones y de las diferentes fuerzas políticas (incluso aquellas muy minoritarias que doctrinariamente son republicanas). Este compromiso de la persona heredera de la Corona es, por tanto, con las reglas del juego democrático, el respeto a los valores constitucionales y la definición de una España diversa pero unida en una solidaridad básica en torno a dichos valores y reglas.
Esto es trascendente, porque la Constitución de 1978, que ahora algunos desean destruir o desmontar o “interpretar creativamente” en demasía, no es una Constitución más de las varias que ha habido en España desde la primera de Cádiz en 1812. Esta Constitución nuestra nace de la vocación de una España inclusiva porque, en los casi 170 años anteriores, la confrontación civil, abiertamente en guerras o sordamente en crispaciones, golpes militares, revoluciones o revueltas, había sido lo habitual, con un balance no solo trágico en víctimas humanas, sino además deplorable en términos de retraso comparativo en económico y cultural, dentro de nuestro contexto europeo y atlántico. La discordia entre españoles, además de autolesiva moralmente, fue la principal causa del atraso español.
El consenso del 78 no es, como nos quieren hacer creer algunos demagogos con más ideología política que ciencia social en sus cabezas, un “régimen”: es un compromiso verdaderamente histórico entre los españoles para dejar atrás las posiciones fratricidas, excluyentes e intolerantes que acaban siempre en violencias de algún tipo y en reeditadas frustraciones de nuestro proyecto común. No es “régimen”, sino “voluntad de no imponer nunca más un régimen por una mitad de España a la otra mitad”.
Precisamente eso parece estar ahora en riesgo. Y no es que queramos hacer aspavientos desde el Partido Popular porque “solo” sumamos para nuestra opción 172 escaños de los 176 necesarios, sino que tememos que con 178, que es una mayoría tan ajustada, tan ajustada, que nadie de los sumandos puede faltar, se quiera implantar un “régimen”: es decir, una España institucional impuesta sin consenso, sin vocación de encuentro, mercadeada entre bambalinas o con prófugos de la justicia democrática. Una apuesta que despertará sentimientos muy negativos. Porque no es que la izquierda quiera asegurarse un Gobierno, lo que sería legítimo si reúne votos para ello, sino que quiere imponer un “régimen”, para lo cual no está legitimada, entre otras cosas porque no concurrió a las Elecciones Generales del 23 de julio con semejante programa. ¿Cuántos votantes socialistas, por ejemplo en Cantabria, fueron a las urnas del 23 de julio sabiendo que votaban la amnistía para Puigdemont y promesas de un referéndum de independencia de Cataluña? Me temo que ni el más imaginativo de ese día lo sospechaba.
Me parece, por todo ello, fundamental que la Princesa de Asturias, además de seguir una educación universitaria y militar acorde al papel que un día desempeñará al servicio de los españoles, una a este conocimiento el compromiso público con los valores democráticos y la convivencia. Jurará sobre una Constitución que ya va a cumplir 45 años sin apenas retoques y que, por eso, ha proporcionado a España medio siglo de estabilidad institucional, libertad y progreso.
La propia Constitución admite y regula su propia modificación. Pero, sabedora de lo que supone como equilibrio histórico pacificador de las relaciones entre españoles, exige unos prudentes pasos para evitar apasionamientos o maniobras de corto vuelo, y asegurarse de que cualquier cambio será verdaderamente querido por una amplia y cualificada mayoría de españoles . Por tanto, tampoco se debería querer implantar un “régimen” por la puerta de atrás (con un Tribunal Constitucional sumiso a los intereses coyunturales del poder ejecutivo, es decir, por la falta total de independencia en la cumbre de nuestro sistema jurídico interno).
Asistiré, pues, como diputado por Cantabria, a la jura de la Princesa con este sentimiento de la gran trascendencia de la ceremonia, que significa a la vez la unidad y la democracia, la continuidad y la libertad. Creo en esa España.
