Los dos principales choques económicos sufridos por Cantabria en fechas recientes, es decir, la pandemia de covid-19 y las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania, han puesto de relieve la gran trascendencia para nuestra región de dos sectores tradicionales, como son la industria y la ganadería. Esta segunda es esencial para la Cantabria rural y para avanzar en seguridad alimentaria. También tiene influencia sobre la industria de transformación láctea, un subsector muy importante de la industria regional. Pero sobre todo es el conjunto de esta lo que aporta a Cantabria capacidad de aguante y de progreso. Sigue estando en torno a un 20% del PIB de Cantabria, dato más elevado que la media española y que continúa manteniéndonos como una de las regiones industrializadas. Y las cifras de Seguridad Social nos muestran que la industria manufacturera viene siendo, dentro de las diferentes ramas de actividad, el generador número uno de puestos de trabajo.
La industria, además, es un gran movilizador del sector servicios, ya que su funcionamiento cotidiano requiere transportes y logística, seguridad, limpieza y mantenimiento, consultorías y atenciones formativas, o incluso sanitarias, y asimismo de seguros, finanzas, hostelería, comunicación, además de sus frecuentes inversiones de patrocinio y responsabilidad social en toda clase de iniciativas sociales, culturales y deportivas. Así pues, no solo hablamos de ese 20% de la economía, sino de otro sustancial porcentaje añadido.
Proteger y desarrollar la industria, pues, representa el primer mandamiento de toda política económica en Cantabria que quiera mantener los niveles de bienestar e incrementar los de oportunidades profesionales en nuestra tierra. Digo “en” Cantabria y no solo “de” Cantabria, porque, si bien la comunidad autónoma posee una destacadísima responsabilidad, a menudo desvirtuada en irresponsabilidad, sobre el ámbito industrial, la industria cántabra tiene, por arriba, un valor nacional y europeo (pensemos en fábricas como la santanderina de Saint-Gobain PAM, única en toda España para fabricación de tubos de fundición dúctil, o en otras factorías también muy señaladas en nuestro país, como Ferroatlántica de Boo, o Aspla y Solvay en Torrelavega), pero por abajo igualmente un extraordinario valor local, pues los niveles alcanzados en Castro-Urdiales y la desembocadura del Asón, en las áreas de la Bahía y el corredor del Besaya, en torno a Cabezón de la Sal y en Campoo no tendrían explicación sin la fuerte presencia industrial en todos esos municipios.
La reciente intervención de un Ministerio en la huelga del Metal es signo de esta trascendencia nacional de la industria cántabra. Pero, ¿por qué los ministerios no intervienen más decididamente en favor de este sector regional? ¿Es que el Gobierno de Cantabria se lo impide? ¿Es competencia suya una huelga del Metal y no que haya cerrado estrepitosamente Sniace, donde se han perdido más salarios que todos los complementos de convenio del sector metalúrgico?
Así pues, responsabilidad autonómica, pero también responsabilidad en ámbito español y europeo (la guerra en Ucrania y el covid nos han mostrado que si renunciamos a la manufactura y a la innovación perderemos nuestra libertad y nuestra seguridad: recientemente he defendido en el Senado una iniciativa para asentar factorías de microelectrónica en España), y responsabilidad en el espacio de los Ayuntamientos.
. En esta cuarta coalición del PRC y el PSOE, Cantabria se ha quedado definitivamente, como hemos mencionado, sin Sniace y sin lo mucho que Sniace movilizaba. Una pérdida propiciada por uno más de los disparates en materia energética que ha protagonizado el Gobierno de Pedro Sánchez, y que el Gobierno de Cantabria fue incapaz de controlar y solucionar. Es más, ha asistido de convidado de piedra a la inviabilidad definitiva de Sniace durante dos largos años, y ahora se conforma con ir a paso de tortuga a una liquidación y a proyectos que no están anda claros ni en contenido ni en financiación. Pasarán muchos años antes de que entre nada nuevo en funcionamiento. Es un desastre de política industrial: desinterés, pasividad, falta de iniciativa.
Estos mismos partidos echaron por tierra algo que el PP de Cantabria había logrado con el Gobierno de Rajoy, como era habilitar partidas presupuestarias para un Plan Industrial del Besaya. Tras la moción de censura “progresista” de 2018 no solo desapareció este concepto presupuestario, sino que se precipitó la pérdida gravísima de un tejido industrial que llevaba 80 años generando riqueza para la comarca y para toda la región.
Tampoco la defensa de la industria electro intensiva, acosada por el Gobierno PSOE-Podemos, ha sido brillante. Hemos visto cómo GSW ha tenido que ser rescatada por la SEPI, es decir, con dinero público. Hay algo absurdo en poner en la picota a las empresas y luego correr a salvarlas con dinero del contribuyente.
Rigideces administrativas y falta de cintura política condujeron también al cierre de otra histórica firma, Forjas de Reinosa. Pero si hay otra situación que no debería preocuparnos menos es la falta de respuesta al plan de transición energética de Solvay, que supone no solamente una gran inversión, sino también la garantía de permanencia de este gigante industrial muchos años más en Cantabria. Parece increíble que llevemos 4 años de Pedro Sánchez y ya más de 7 de la coalición socialista con el PRC y que este asunto esté sin resolver definitivamente. Hay además muchos PSIR sin resolver o sin implementar.
Lo lógico sería que hubiera un Plan de Desarrollo Industrial de Cantabria consensuado por el Gobierno de España y el autonómico, con aval de Bruselas, participación empresarial y social, y con calendarios de referencia muy exigentes, tanto para preservar tejido existente como para ampliar horizontes.
Hay que meter al menos una marcha más en política industrial, porque con la inercia y el desorden actual no llegarán los resultados que se necesitan.
