No creí que tendría que escribir tan pronto una segunda parte del tema “presidente desatado”, del que traté en un artículo anterior en estas mismas páginas de “El Diario Montañés”. Pero creo que, como nosotros en el Partido Popular, muchísimos ciudadanos asisten totalmente perplejos a la evolución de nuestro sistema democrático a menos del presidente Pedro Sánchez y todos sus socios radicales.
No solamente los que saquearon las arcas públicas para sus proyectos de poder sobre una Cataluña independiente van a quedar virtualmente sin la sanción que merecen (y de la que se les advirtió durante meses jurídicamente por activa y por pasiva, pero que en su pulso a la democracia no quisieron soberbiamente escuchar), sino que encima se habla ya abiertamente de un referéndum pactado entre el PSOE y ERC.
Es para nosotros ya muy evidente que la actual dirección del PSOE (y sus aplaudidores y socios en Cantabria viajan en el mismo autobús político) quiere efectuar alteraciones sustanciales del marco democrático sin contar con la mitad de la población española (hoy, con los resultados de las elecciones de noviembre de 2019, pero si se votase sería mucho más de la mitad).
Asiste uno con una gran tristeza a una serie de hechos tremendos, contra los que hay que protestar y advertir que, por ese camino, nuestro país no va bien. No es solo una opinión de un senador cántabro del PP como yo, sino que destacados presidentes socialistas han elevado también su voz, lo que demuestra que esta alarma es transversal, mucho más allá del juego dialéctico entre gobierno y oposición.
El PSOE no quiere que el órgano de gobierno judicial sea elegido por los jueces. Porque prefiere que dichos órganos se conciban como formados por delegados togados del programa electoral del partido que los propone. Es decir, cualquier concepto de idoneidad profesional, integridad, trayectoria de imparcialidad, categoría jurisprudencial o experiencia nacional e internacional decae por completo. El poder judicial, e incluso el poder de interpretación de la Constitución, el Tribunal Constitucional, se entienden al servicio del programa de gobierno de la izquierda. Y cuando la judicatura se muestra profesional e independiente, como ante la nefasta ley del “solo sí es sí” que está librando de castigo a numerosos agresores sexuales, la izquierda cae sobre ella hasta con insultos.
Por tanto, no estamos ante conceptos de objetividad y equilibrio de poderes, sino ante un intento de ocupación partidaria de los poderes del estado, tanto los formales (poder judicial, Tribunal Constitucional, Consejo de Estado, Fiscalía General) como otros efectivos (los medios públicos de comunicación, el INE, el CIS, las comisiones que regulan la competencia en los mercados…). Todo el proyecto converge en poner la democracia española al servicio de un único despacho donde se decide todo y donde se intenta manipular al electorado desde una serie de mentiras que ya son evidentes para todos, pues se está haciendo justo lo que se prometió no hacer. Por tanto, poder y engaño como bases de la vida democrática, y de ahí que incluso numerosos socialistas, tanto dirigentes o ex dirigentes como simples votantes o simpatizantes, sientan en estos momentos una gran preocupación.
Pero quizá donde la ciudadanía se puede sentir más herida, incluso personalmente, es en lo de la malversación. Esta reforma legal socialista está destinada para evitar que los que emplearon el dinero de los españoles en su intento de destruir la España constitucional no tengan que afrontar con sus patrimonios e ingresos la devolución de ese dinero robado a la gente. Robado, sí, porque procedía de los impuestos a los trabajadores y las empresas, es decir, del trabajo diario de las personas, que es de donde salen los impuestos.
No es cierto que el interés de Pedro Sánchez sea “pacificar” Cataluña. Lo único que pacifica un poco al independentismo es que, si deja de apoyar a Pedro Sánchez, vendría un Gobierno del Partido Popular y tendrían que dar cuenta de sus actos ilegales (algo que evidentemente los asusta, porque saben perfectamente que han delinquido). Pero si ahora, además de esta amnistía indirecta e impresentable, se les ofrece el premio de un referéndum, entonces el daño sería incluso más grave. Pues un referéndum, incluso si no es de independencia (algo constitucionalmente imposible), será visto por los independentistas como un gran paso en su camino a la independencia. Si lo pierden, volverán a pedir otro en unos años (como sucede en Escocia o como sucedió en Canadá, por ejemplo), pero si lo ganan ya será un estatus conquistado. Es decir, España volverá a experimentar graves situaciones en Cataluña dentro de unos años porque el independentismo se irá reforzando y afianzando gracias a los favores del PSOE.
La irresponsabilidad del actual presidente del Gobierno y, por supuesto, de todo su Consejo de Ministros es, por lo tanto, enorme. El deterioro de muchas instituciones democráticas o reguladoras, visible. Pedro Sánchez ha logrado que la sociedad española mire con suspicacia y recelo a instancias que deberían ser referencia para todos. El empoderamiento de lo más radical que hay en España es creciente. Y el espectáculo de cónyuges ministeriales colocados a dedo en importantes niveles de influencia pública se comenta por sí solo. El grupo del poder no tiene ningún freno. Solo los ciudadanos, en el ciclo electoral que se abre esta próxima primavera, podrán decidir un cambio político que libre a la sociedad de estas actitudes, que ponen en riesgo las verdaderas bases de nuestra democracia.
Terminaba mi tribuna publicada el 30 de noviembre diciendo que estaba convencido de que a partir 2023, solamente con un nuevo Gobierno del Partido Popular presidido por Alberto Núñez Feijóo, España como país será capaz de recuperar el prestigio perdido por el actual Gobierno, que pasará a la historia por haber sido el Gobierno que, en el actual periodo democrático, más ha devaluado las instituciones de España en tan breve espacio de tiempo. Sin embargo un mes después, desde el Partido Popular creemos que esas elecciones generales deben convocarse ya para que los ciudadanos españoles opinen sobre los desmanes jurídicos que se han aprobado por las mayorías parlamentarias que sustentan a este Gobierno, ya que si bien cierto que son mayoría, nunca el actual presidente anuncio en su campaña electoral 2019 que fuera capaz de llegar de aprobar un cambio legal de esta envergadura en nuestra arquitectura del Estado de Derecho, simplemente mintió en esa campaña.
