España necesita los fondos europeos para estabilizar su economía.

Cualquier acción que ponga en peligro su obtención es una temeridad y, por eso, desde el Partido Popular no podemos admitir acciones unilaterales que pongan en riesgo esta concesión. Y es que, desde la Unión Europea, establece que para poder obtener los fondos estructurales hay que garantizar mantenimiento de un Poder Judicial independiente.

Ya en el mes de septiembre, exigimos en el Senado que nos aclarasen cuáles eran los condicionantes para recibir estas ayudas, entre otros avances en materia de empleo indefinido y sostenibilidad del sistema de pensiones. Cuestiones que queremos que nos resuelvan desvelando cuáles son los mecanismos y actuaciones previstas por el Gobierno de España en aras de garantizar el cumplimiento de estos requisitos.

Pregunta a la que deberían responder con celeridad. La misma que deberían aplicar en su gestión, ya que antes de la crisis del Covid19, los datos oficiales ya situaban a España como el país con la gestión menos eficiente en lo que se refiere al gasto de ayudas de la UE. De hecho, situando el porcentaje de éstos que no ejecuta en torno al 65% en la actualidad.

Diversos expertos en la materia señalan como una de las posibles causas de esta realidad una lentitud excesiva por parte de España en lo que se refiere al proceso de selección de los proyectos, así como su consiguiente solicitud y tramitación.

Por ello también queremos saber, y así se lo hemos trasladado en la Cámara, si el Gobierno de España contempla la puesta en marcha de medidas encaminadas corregir de algún modo dicha lentitud en aras de un aprovechamiento más eficiente de los recursos provenientes de la UE.

No obstante, a los datos nos remitimos y ya el pasado mes de julio cuando la Comisión Europea aprobó la puesta en marcha de un fondo de ayuda, el baile de cifras dejaba en evidencia de la nefasta gestión. De hecho, de los 140.000 millones de euros, según el propio Gobierno, aproximadamente 72.700 (el 52%) llegarían en forma de subvenciones a fondo perdido.

Una previsión muy diferente a la que ofrece en su informe el Banco de España que rebajaba la cifra en 7.000 millones de euros y, nuevamente, revisada por el Banco Central Europeo con una estimación de 40.000 millones.

Predicciones que nos plantean cuestiones de las que esperamos respuesta. La primera de ellas es si el Gobierno de España considera realistas estas afirmaciones o, por el contrario, se reafirma en sus estimaciones iniciales.

Y, en segundo lugar, en caso de preverse una situación semejante a la planteada por el BCE, ¿Plantea el Gobierno la puesta en marcha de mecanismos y procedimientos destinados a reducir las pérdidas en las subvenciones estimadas por ambos organismos supervisores?

Compromiso y agilidad, esto nos piden desde la UE. ¿El Gobierno PSOE, Podemos e Izquierda Unida será capaz de cumplirlo? Estamos a la espera de que nos resuelvan cómo.