Ocho años después de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, España afronta un evidente fin de ciclo político. Lo que se presentó como una etapa de regeneración democrática, estabilidad institucional y progreso social ha terminado convirtiéndose en un periodo marcado por los incumplimientos, la debilidad parlamentaria, la dependencia de los partidos independentistas y una creciente sensación de agotamiento político.

Pedro Sánchez llegó al Gobierno prometiendo unas cosas y ha hecho exactamente las contrarias en algunas de las cuestiones más importantes. Prometió no pactar con Podemos ni Bilbu, y pactó. Prometió que nunca aprobaría una amnistía para los responsables del procés, y la aprobó. Prometió fortalecer las instituciones, y hoy muchas de ellas se encuentran sometidas a una erosión sin precedentes. Esa distancia entre lo prometido y lo ejecutado explica buena parte de la desconfianza que sienten muchos ciudadanos.

Pero el problema principal no solo es político, sino práctico. Es el impacto que estas decisiones han tenido en la vida de los españoles.

La vivienda es uno de los ejemplos más claros. Ocho años después, el acceso a una vivienda es más difícil que nunca para miles de jóvenes y familias. Los precios del alquiler se han disparado, la oferta se ha reducido y la inseguridad jurídica ha alejado a muchos pequeños propietarios del mercado. Mientras tanto, el Gobierno ha preferido imponer medidas ideológicas antes que afrontar el problema real: la falta de vivienda disponible. El resultado es una generación que ve cada vez más lejos la posibilidad de emanciparse.

Tampoco la situación de la sanidad invita al optimismo. La falta de médicos, especialmente en Atención Primaria, se ha convertido en una preocupación constante para comunidades autónomas y pacientes. Mientras las regiones hacen esfuerzos para mejorar la asistencia sanitaria, el Ministerio de Sanidad ha demostrado una preocupante incapacidad para liderar soluciones eficaces. Los ciudadanos necesitan menos propaganda y más profesionales sanitarios, más recursos y una verdadera estrategia nacional para afrontar el déficit de personal.

Otro de los grandes fracasos de estos años ha sido la gestión de las infraestructuras. El ferrocarril, llamado a desempeñar un papel esencial en la movilidad sostenible, se ha convertido en demasiadas ocasiones en sinónimo de retrasos, averías e incertidumbre. España necesita una red moderna y competitiva, pero la realidad es que millones de usuarios sufren cada semana las consecuencias de años de mala gestión.

En Cantabria conocemos bien esa situación. Nuestra comunidad ha sido una de las grandes perjudicadas por la falta de impulso del Gobierno central. Infraestructuras fundamentales para nuestro desarrollo acumulan retrasos injustificables. El caso del tren Santander-Bilbao es especialmente sangrante. Presentado durante años como un proyecto transformador para nuestra región, hoy sigue atrapado en estudios, anuncios y nuevas promesas. Después de dos legislaturas, los cántabros merecen mucho más que titulares y declaraciones de intenciones.

Lo mismo ocurre con las infraestructuras energéticas necesarias para atraer nuevas inversiones industriales. Cantabria tiene capacidad, talento y oportunidades para convertirse en un polo de crecimiento económico e industrial. Sin embargo, demasiados proyectos estratégicos encuentran obstáculos administrativos, retrasos y falta de voluntad política por parte del Ejecutivo central. La sensación es que mientras otras regiones avanzan, Cantabria espera.

El Gobierno presume habitualmente de crecimiento económico y creación de empleo. Sin embargo, conviene recordar que España se ha beneficiado de circunstancias extraordinarias, como la recuperación del turismo internacional tras la pandemia o la llegada masiva de fondos europeos. La cuestión es si esos recursos se han aprovechado para modernizar la economía y preparar el futuro. Y la respuesta es, cuando menos, discutible.

Los fondos europeos representaban una oportunidad histórica para impulsar la competitividad industrial, mejorar infraestructuras y acelerar la transformación tecnológica del país. Sin embargo, la burocracia, la lentitud y la falta de planificación han impedido aprovechar plenamente ese potencial. Muchos sectores estratégicos siguen enfrentándose a enormes dificultades mientras otros países avanzan con mayor rapidez.

Pero quizás el aspecto más preocupante sea el deterioro institucional que hemos presenciado durante estos años. La confianza en las instituciones es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia sólida. Cuando esa confianza se debilita, pierde fuerza todo el sistema. Las instituciones deben estar al servicio del interés general, no de las necesidades políticas de un gobierno concreto. Recuperar su prestigio y credibilidad será una tarea imprescindible para los próximos años.

España necesita recuperar la estabilidad, el consenso y la capacidad de abordar reformas de largo alcance. Necesita un Gobierno que escuche más y divida menos; que gestione mejor y prometa menos; que piense en el interés general antes que en la supervivencia política.

Y Cantabria necesita un Gobierno de España comprometido con sus infraestructuras, con su industria, con sus proyectos estratégicos y con su futuro. No podemos seguir perdiendo oportunidades por la falta de decisiones y por la ausencia de una verdadera agenda para nuestra comunidad autónoma.

Cada vez son más los españoles que perciben que este ciclo político ha llegado a su límite. No por una cuestión partidista, sino porque los problemas siguen ahí mientras las soluciones no llegan. España necesita abrir una nueva etapa basada en la gestión eficaz, el respeto institucional y la confianza. Una etapa que permita mirar al futuro con optimismo y no con resignación.

Porque después de ocho años de promesas incumplidas, retrasos y desgaste institucional, el cambio ya no es simplemente una alternativa política.