El Gobierno de Pedro Sánchez es muy aficionado a los grandes anuncios y el autobombo.
Sin embargo, iguales de grande son sus deficiencias.
Así es, por ejemplo, el caso del Real Decreto Ley para la gestión de las ayudas de 11.000 millones de euros. Éste establece que debe haber una caída en la facturación de, al menos, un 30% como requisito para el acceso a las mismas.
Este texto, además, contiene una escasez real en su volumen económico, y de acuerdo con la opinión de un gran número de empresas afectadas, presenta grandes deficiencias. Entre ellas, el caso de los empresarios que facturan por módulos, es considerablemente difícil de acreditar este receso en la facturación.
Y, por supuesto, también tendrían que haber tenido en cuenta la situación de un gran número de proveedores que, incapaces de desarrollar su labor, en ocasiones se extrapola, de una forma directa, sobre otras empresas entre las que cabe destacar el sector industrial. Un sector que, curiosamente, a pesar de haber sufrido de una manera palpable los efectos de la pandemia, no es mencionado por el «Real Decreto Ley de 11.000 millones de euros para mejorar la solvencia de empresas y autónomos».
Dos razones sobradas para llevar la cuestión ante el Senado ya que, desde el Partido Popular, queremos saber qué actuaciones y medidas prevé el Gobierno de España para solventar estas deficiencias y cuáles serán los criterios para proceder al reparto entre las diferentes Comunidades Autónomas.
Nos sumamos al temor generalizado de que este reparto se haga de forma completamente arbitraria.
