La obra pública en Cantabria tampoco se salva de los efectos de la crisis actual. Desde 2008 lleva lastrando una lamentable situación precaria que, ahora, se pone en evidencia con datos como los recientemente proporcionados por la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria.
Desde el colectivo aseguran que 2020 ha sido un año especialmente negativo para el sector. Se amparan en terribles datos como que el paro en la construcción en la región ha aumentado en dos puntos, llevándose la peor parte la obra pública que ha representado una caída superior al 70%.
Datos que, sin duda, evidencian que el sector tiene una necesidad real de inversión y de compromiso por parte de las distintas instituciones.
En este contexto y teniendo en cuenta la potencial llegada de los fondos europeos, parece razonable estudiar en detalle la viabilidad de los posibles proyectos y las distintas necesidades de Cantabria en lo que a obra pública se refiere, en aras de que los citados fondos se puedan traducir en un mecanismo de ayuda real para el sector.
Por ello, desde mi puesto en el Senado, y dada la situación de extrema dificultad atravesada, he preguntado al Gobierno de España qué medidas de apoyo a la obra pública contempla el desarrollar en Cantabria, de forma coordinada con el Gobierno Autonómico y, en su caso, con los ayuntamientos involucrados.
En el Partido Popular exigimos que se trabaje en una estrategia urgentemente.
