El Partido Popular de Cantabria ha manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado hoy en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados entre el PP, el PSOE y el PNV para el reconocimiento del personal de prisiones como agentes de autoridad, incluido el personal laboral, a través de una modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria.
Desde el PP celebran que el PSOE por fin haya aceptado esta reivindicación histórica del colectivo, aprobando la enmienda del Grupo Popular para incluir al personal laboral con la misma protección jurídica que los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en la Proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE, una “línea roja del PP y de los representantes penitenciarios, para no dejar a nadie atrás”.
El diputado nacional, Félix de las Cuevas; el senador Severiano Cuesta y el diputado regional Cándido Cobo, han informado de este acuerdo, que ahora continuará su tramitación parlamentaria en el pleno del Congreso y en el Senado, a los representantes del sindicato Tu abandono Me puede Matar (TAMP), Segio Garrido; CSIF Prisiones, Inés Canseco e Ignacio Crespo; y CCOO, Iván Diego, en una reunión en la sede regional del PP para seguir avanzando en las reivindicaciones del colectivo ante el “deterioro del sistema penitenciario”.
Los populares recuerdan que el PP lleva años defendiendo que los funcionarios y cuerpos penitenciarios sean considerados como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones y celebran que su presión haya hecho “torcer el brazo a los socialistas” para saldar esta deuda y que se pueda aprobar ya en el Congreso.
Según explican, la consideración de la condición de agente de la autoridad, dará seguridad jurídica al trabajo que realizan y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares. Una situación que en Cantabria afectaría a 290 trabajadores, tanto del centro penitenciario El Dueso, en Santoña, como del Centro de Inserción Social de Candina.
No obstante, han lamentado que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, haya bloqueado mediante la artimaña de ir prorrogando el plazo de la presentación de enmiendas durante dos años la tramitación de la Proposición de Ley del PP que aprobó el Senado para modificar la Ley General Penitenciaria en este sentido y mejorar las condiciones sociolaborales de estos trabajadores, sobre todo en lo referente a su seguridad y protección en su entorno de trabajo.
Durante la reunión, los parlamentarios del PP cántabro han trasmitido al colectivo su compromiso con otras reivindicaciones de los integrantes del cuerpo ante la situación cada vez más deficiente de los centros penitenciarios, marcada por el aumento de la conflictividad y el incremento de agresiones, la falta de personal sanitario o la ausencia de medios de seguridad modernos, evidenciando una insuficiente gestión por parte del Gobierno del PSOE.
En este sentido, se ha criticado la laxitud ante los casos de agresiones a los trabajadores de prisiones, recordando la reciente agresión por parte de un interno a dos funcionarios de El Dueso que tuvieron que ser atendidos en Urgencias de diversas lesiones, sin apenas consecuencias para el agresor, que solo permaneció dos horas en aislamiento.
Una situación que se ve afectada por la carencia de médicos, puesto que la normativa interna establece que los aislamientos por mal comportamiento requieren que el interno sea atendido por un facultativo antes de que transcurra un plazo máximo y El Dueso se ha quedado sin médicos tras la jubilación de toda la plantilla y la decisión de no reponer las siete plazas previstas para facultativos en el penal.
Los populares han lamentado que “el ministro Marlaska esté más centrado en tapar los escándalos que acorralan al PSOE que en solucionar las lamentables condiciones del personal de prisiones” y le han exigido que actúe para cubrir esos puestos cuanto antes pues “el servicio médico en las prisiones es imprescindible, ya que la ausencia de personal facultativo vulnera derechos de los internos y dispara la inseguridad laboral al obligar a los funcionarios a asumir roles que no les corresponden y a gestionar situaciones críticas sin respaldo médico”.
Y, en este sentido, ha recordado que el Senado ya aprobó en febrero de 2025 una moción del Partido Popular para requerir al Gobierno de España aumentar la plantilla médica cubriendo las vacantes en los centros penitenciarios; garantizar la igualdad en la atención sanitaria, sin diferencias entre prisiones con competencias transferidas y estatales; mejorar las condiciones laborales del personal médico para atraer y retener profesionales; e implementar programas de tratamiento para reclusos con adicciones y trastornos psiquiátricos.
