España debería poder cumplir en 2028 sus 50 años de democracia constitucional habiendo retornado contundentemente a sus valores fundamentales: libertad, igualdad, integridad.

La vergonzosa invasión multitudinaria de Ceuta, alentada desde Marruecos y que ha causado al menos un centenar de muertos por ahogamiento según las últimas referencias ha sido un ejemplo más del despropósito que gobierna España desde que el perdedor de las últimas elecciones generales de julio de 2.023 decidió mantenerse a toda costa en el poder, pactando disparates y creando precedentes peligrosísimos para nuestra democracia.

Que se ha mantenido aritméticamente así es indudable, porque sus cómplices no quieren que gobierne el partido más votado, el Partido Popular, ya que en esa circunstancia sus tropelías resultarían inviables. Sobre todo, no podrían vulnerar tan impunemente principios fundamentales como la igualdad de los ciudadanos ante las leyes (destrozada por indultos y amnistías a golpistas y corruptos) o la solidaridad entre las regiones (pulverizada por todas las maniobras cuya finalidad exclusiva es privilegiar económicamente a una comunidad ) o la propia libertad básica de expresión (cuando llevar una camiseta de la selección española de fútbol implica ser objeto de agresiones por nacionalistas radicales, envalentonados por tanta liberación prematura de asesinos y tanto abrazo político con Bildu).

Pero mantenerse no es lo mismo que gobernar: los últimos Presupuestos Generales del Estado, los de 2023, se aprobaron en la legislatura anterior, en diciembre de 2022. Desde entonces nuestro país vive con presupuestos en sucesiva prórroga, lo que no solo impide ajustar ingresos y gastos a una economía de necesidades cambiantes, sino que además priva a los representantes de los ciudadanos realizar la tarea por la que nacieron precisamente los parlamentos: debatir y decidir sobre los impuestos y sobre el destino de los mismos en el gasto público.

No solo es un problema técnico o jurídico, sino un problema de legitimidad democrática: ¿con qué derecho democrático cobra y gasta dinero un gobierno que no lo ha sometido a aprobación de estas Cortes? Es probable que esta legislatura se convierta en la primera de la historia en haberse desarrollado completa con la ley presupuestaria del cuatrienio anterior. Si esto hubiese sucedido con un Gobierno del PP, seguro que hubiéramos escuchado de los socialistas, los podemitas y sus socios que quieren deshacer España, palabras como “dictadura”, “abuso antidemocrático” o “personalidad autoritaria”. Pues eso mismo les resulta aplicable.

Cuando un Gobierno no puede gobernar y tampoco hay otra combinación en el parlamento, la higiene democrática indica devolver la palabra al ciudadano y anticipar las elecciones, para que el pueblo decida libremente el rumbo del país. Y la única razón por la que Pedro Sánchez no ha realizado esa convocatoria es que, en contraste de lo que dicen las insólitas encuestas de un CIS convertido en oficina de propaganda partidaria, sabe perfectamente que en cuanto se abran las urnas la actual coalición social-comunista  se irá a la oposición para cuatro años y un presidente del PP entrará en La Moncloa.

 El único motivo para prolongar la agonía de la legislatura es que cualquier otra opción es para él personalmente peor. Lo que a su vez implica que el porvenir de España y de los españoles no se encuentra nunca entre sus prioridades, ni las de su partido aplaudidor.

El caso de Ceuta es un ejemplo más de los graves errores que hemos presenciado en esta legislatura de dislates. Los agentes que incitan a la avalancha de inmigrantes no son más que el eco del mensaje que el PSOE ha lanzado al mundo, y especialmente a África, con una regularización masiva de personas que se hallan ilegalmente en España. Se dijo que se regularizaría medio millón de personas y la realidad es que van a ser 1,2 millones. Esto supone un “efecto llamada” brutal y universal, que ya está teniendo graves consecuencias, y que ha originado algo tan infrecuente como una declaración conjunta de 22 de los 27 estados de la UE contra tales políticas suicidas. Que Francia o Alemania, por no desairar a España, se hayan puesto de perfil no significa que no estén de acuerdo con el contenido. Al contrario, el debate político en ambas naciones se centra en cómo acabar con la inmigración ilegal y con las bolsas de inseguridad que se generan en torno a ellas.

Europa y España tienen capacidad de acogida, pero no ilimitada, nunca descontrolada y, desde luego, no a personas con antecedentes policiales o que quieren todos los beneficios materiales de una cultura como la europea, pero sin respetar ni asumir sus principios humanistas esenciales. En este contexto, una verdadera “legislatura de la impunidad” como la que estamos viviendo, donde golpistas, okupas, chantajistas varios, vividores y austerísimos amigos de las joyas, redes de ilegalidad y una descarada manipulación partidista de las instituciones de todos llevan la iniciativa de la evolución, representa un “efecto llamada” global para todo lo problemático.

España debería poder cumplir en 2028 sus 50 años de democracia constitucional habiendo retornado contundentemente a sus valores fundamentales: libertad, igualdad, integridad. Y solo con Alberto Núñez Feijoo como presidente será posible en cuanto se convoquen las elecciones generales y volvamos a tener en España un gobierno, refrendado mayoritariamente en las urnas, en el que prime  el interés generales de los españoles.