Antes de finalizar el año, trasladé desde el Senado al Gobierno mi preocupación por cómo iba a finalizar 2020 la industria electrointensiva cántabra, ya que su factura sería del doble de lo abonado por las empresas del sector en el conjunto de la UE.
Desde el Partido Popular, vemos fundamental crear una hoja de ruta firme y comprometida para la supervivencia de este tipo de industrias a nivel nacional.
Por eso, hemos estado meses presionando y recordando la urgencia al Gobierno de aprobar un Estatuto Electrointensivo que, finalmente, se aprobó el 15 de diciembre del año pasado. Sin embargo, es un documento que, como nos tienen acostumbrados, nace sin consenso y sin escuchar las demandas y alegaciones de la gran industria española, las comunidades autónomas de Galicia, Cantabria y Asturias, sindicatos y partidos políticos, entre ellos, el Partido Popular. El nuevo estatuto, de hecho, no resuelve el más grave de los problemas de la industria como es su alto coste energético, que le hace perder competitividad con sus competidores europeos.
Precisamente, esto es lo único que debe estar en la hoja de ruta del Gobierno ya que en respuesta a mis preguntas alude principalmente a este hecho, obviando el trabajo que hay que iniciar tras la aprobación del documento. Se amparan en las ayudas existentes para la mejora de la competitividad de las empresas que, como se ha demostrado en el último año, son insuficientes.
Y, más gravoso aún, como cántabro que soy, en su respuesta no se hace alusión, ni referencia a la industria de nuestra comunidad cuando expresamente se ha preguntado por ella.
Así no podemos garantizar la supervivencia de las empresas. Necesitamos un Gobierno con ideas y que no ignore a la industria electrointensiva.
