Cuarenta meses después, existe ya una distancia de tiempo más que sobrada para apreciar el daño que causó a Cantabria la moción de censura del PSOE con el Gobierno del PP en 2018, una fórmula “Frankenstein” aplaudida y luego apoyada por el PRC. Y es que han pasado más de tres años de aquel episodio, que entre otras cosas privó a nuestra tierra de tener un ministro de Fomento santanderino, Iñigo de la Serna, plenamente entregado a un gran programa inversor en autovías y ferrocarriles. Y tanto tiempo después, resulta que no hay obras de la alta velocidad ferroviaria con la meseta (se acaban de adjudicar un par tramos que suponen solo un 10% del presupuesto total y con plazos de ejecución de hasta 40 meses); no hay plan para terminar la autovía A-73 Aguilar-Burgos; ni para realizar el tercer carril de la A-67 entre Polanco y Bezana; ni el de la A-8 entre Laredo y límite con Vizcaya; y los accesos a Liébana siguen atascados e inconclusos. La integración ferroviaria en Torrelavega está aplazada sine die y ni siquiera se ha licitado. Hasta para quitar un simple espigón que no les gusta a los socialistas en La Magdalena ha habido una extrema desgana en la administración de Pedro Sánchez. Y del presunto tren de altas prestaciones con Bilbao, es mejor dejarlo para los programas de artes fantásticas, porque es su lugar correcto. Viendo cómo van de mal cosas bastante más sencillas, la credibilidad de ese discurso es ya próxima a cero.
Hay políticos de Cantabria que quieren pintar esta situación como un paraíso de logros y de emocionantes desarrollos. Propaganda, que no falte si lo que faltan, de modo patente, son las obras. Como bien ha subrayado en estos días nuestra presidenta regional María José Sáenz de Buruaga, el famoso “papeluco” firmado por PRC y PSOE lleva camino de ser una de las mayores estafas políticas de la historia de nuestra autonomía. Porque, para que no fuese así, mucho tendría que cambiar el panorama en materia de compromisos del Estado en Cantabria.
Reparemos en la línea ferroviaria de alta velocidad con Palencia, por ejemplo. De Palencia a Reinosa, es preciso llegar, en tramos sucesivos, a Amusco, Osorno, Herrera, Alar del Rey, Aguilar de Campoo, Mataporquera y Reinosa. Los tramos suelen rondas una media algo superior a los 20 kilómetros y se licitan con cifras de entre 70 y 100 millones de euros, según la complejidad del tramo. Los plazos de ejecución nunca son inferiores a tres años, y a menudo se estiman en 40 meses. El conjunto de la actuación puede alcanzar los 1.600 millones de euros, o más.
De esta breve relación se deduce claramente que ni uno ni dos ni tres tramos van a solucionar el problema de la conectividad ferroviaria de pasajeros con Valladolid-Madrid. Porque será el último tramo el que marque la puesta en servicio d la línea. Si, por ejemplo, el tramo de Reinosa se adjudica en 2024 con 40 meses, eso significa que no habrá línea como tal hasta casi 2028. Pero esto es mucho suponer: que el Gobierno de España agilice las licitaciones y los presupuestos; que no haya incidencias de obra como ha habido en Burgos o en el acceso a Asturias; que no haya ajustes fiscales de por medio; que haya cierta estabilidad política… La realidad, analizando otros proyectos similares en España, es que es más probable acumular retrasos que cumplir lo que se promete inicialmente.
Los regionalistas aceptaron sin romper su coalición que el PSOE suspendiera en 2010 el primer tramo de la línea de AVE de Palencia a Cantabria. Ahora permiten los continuos retrasos de sus socios y la falta de garantías reales. Suponiendo que en 2028 se hubiera llegado a Reinosa (ya digo que es mucho suponer), resultaría una tardanza de casi dos décadas para ejecutar una infraestructura. Los bebés que nacieron en vísperas de la frustrada celebración de Monzón de Campos de 2010 estarán ya a punto de matricularse en la universidad cuando la LAV llegue de Palencia a Reinosa.
Este es evidentemente un ritmo inaceptable y una pésima gestión. No hay ninguna duda de que con un Gobierno del PP todo el proceso hubiera ido mucho más deprisa y no habríamos perdido estos 40 meses mareando la perdiz. También tendríamos más distancia ejecutada entre Aguilar y Burgos, acortando el viaje Santander-Madrid y mejorando la conexión con el valle del Ebro. Y todos somos conscientes de que el ministro cántabro hubiera adjudicado al menos uno de los dos terceros carriles de autovías y completado los enlaces de Liébana.
El nivel de realización, pues, no justifica ni las coaliciones en Cantabria ni el apoyo bastante expreso del PRC a Sánchez en las Cortes. Quizá a los nacionalistas vascos y catalanes les haya venido bien para sus reivindicaciones, pero para regiones como la nuestra el corte político de 2018 y la locura de trayectoria política seguida desde entonces, quemando legislaturas-relámpago y personas (como el propio ministro Ábalos) ha resultado un desastre, agravando los problemas estructurales que ya padecíamos por nuestro carácter periférico. Estoy convencido de que hay regionalistas serios que ya se vienen haciendo esta misma reflexión.
La única esperanza a este “desaguisado” es que pronto cambie de manos el Gobierno de España y que el Partido Popular, con Pablo Casado al frente, situado en la Moncloa, revierta estas políticas injustas y de dejadez hacia nuestra tierra, con el objetivo de recuperar el nivel de inversión que Cantabria se merece.
20210915 Tribuna Félix de las Cuevas
