Antes de acabar el año la empresa del sector siderúgico Celsa manifestó su intención de solicitar al Gobierno de España 350 millones de euros. Su intención era solicitar este dinero a través del fondo de rescate gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).
Como cántabro, esta empresa significa mucho ya que, además de ser la mayor empresa siderúgica de nuestro país, es un pilar esencial de la economía de mi comunidad.
Su situación es límite porque la competitividad de estas empresas está en un completo declive entre la caída del IPI, un estatuto electrointensivo que no satisface las demandas del sector y a un precio de la electricidad que dobla al de nuestros vecinos europeos.
Un contexto al que no es ajeno la industria de Cantabria y que me llevó, antes de finalizar el año, a plantear en el Senado la siguiente pregunta: ¿Cómo valora el Gobierno de España la viabilidad de la solicitud llevada a cabo por la siderúrgica Celsa? ¿Mediante qué medidas pretende el Gobierno de España manifestar su compromiso con este grupo industrial esencial para la economía de Cantabria?
Una vez más la respuesta evidencia una falta de compromiso total con Cantabria y trasladando la decisión sobre el futuro de esta empresa directamente a la SEPI.
La gestión de este Gobierno es bochornosa y más aún cuando teniendo instrumentos como el Senado y el Congreso para rendir cuentas y debatir sobre el futuro de nuestro país, tenemos que informarnos en los medios de comunicación de sus intenciones. De hecho, esta misma semana, me enteraba por Cotizalia que la SEPI había pedido una auditoría a Grant Thornton y Ramón y Cajal antes de rescatar a Celsa.
Espero que ese pueda ser el inicio de buenas noticias para la empresa y los 9.000 empleos que están en juego.
