Hoy nos despertamos con noticias tristes para el país que, sin embargo, no me sorprenden.
En ABC se hacen eco de la crítica del Consejo de Estado a Pedro Sánchez por no tener un Plan B y es que, como nos tiene acostumbrados, este Gobierno no tiene alternativas, en esta ocasión, al estado de alarma.
Es lamentable que el PSOE y Podemos a sabiendas de que el estado de alarma debía ser temporal no haya hecho nada. De hecho, las resoluciones del Consejo y la Comisión de la Unión Europea ya han pedido desde hace tiempo que se abandonaran los procesos excepcionales y se aplicara la legislación ordinaria y el Gobierno sigue sin un Plan B.
Por eso, desde el Partido Popular que sí que hemos trabajado al respecto, creemos que tenemos un sólido marco legal que nos ampara:
- Mando sanitario único. Hay tres leyes al respecto que amparan esta necesidad: la de salud pública, la general de Sanidad y la de cohesión y calidad del sistema nacional de salud.
- 2. Limitación de movilidad. Se permite a través de las leyes de seguridad nacional, del sistema nacional de Protección Civil y la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
- Con la máxima de estar alineados con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Reglamento sanitario internacional de la OMS.
No obstante, parece ser insuficiente para un Gobierno sin ideas al que queremos plantearle 2 importantes reformas:
* Reforma del artículo 3 de la LO 1986, cuya redacción habilita de un modo genérico al Gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos o, también, limitar las entradas y salidas de zonas afectadas o amenazadas.
* Reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa para garantizar la eficacia y agilidad sin perder garantías judiciales. De esta manera, las resoluciones de las CC.AA. o el Gobierno de España que limiten derechos serían autorizados por los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, respectivamente.
Éste es el Plan Jurídico que proponemos para activar España.
